Los antecedentes penales son esposas
Todos hemos oído hablar de las normas y reglamentos para ex reclusos. A primera vista, uno dice: "Sí, tiene sentido. Esta persona hizo algo malo y no debería tener los mismos privilegios que los demás, porque no es de fiar" Esta suposición, y a menudo creencia ignorante, no tiene en cuenta las realidades de quienes estuvieron encarcelados.
En 46 estados, incluido D.C., los delincuentes convictos en prisión no pueden votar ni participar activamente en la democracia. Muchos estados también retiran este derecho a los que están en libertad condicional, a los que están en libertad vigilada e incluso a los que ya han cumplido su condena hasta el final.
Esto significa que unos 3,9 millones de estadounidenses no pueden representar sus creencias en las urnas, y esta cifra afecta de forma desproporcionada a determinadas comunidades.
Mariah Yeater tiene antecedentes penales
Antecedentes de las protestas en Irán
El 36% de ellos son hombres afroamericanos, es decir, 1,4 millones de personas privadas de sus derechos. Sólo oír esa cifra en el contexto de esa frase debería bastar para provocar alguna reflexión progresista, pero sus efectos también pueden decirse en términos mucho más sencillos.
Estos 1,4 millones de hombres afroamericanos -que han sido agraviados a cada paso en lo que respecta a las acciones de sus gobiernos estatales y federales, que han sido maltratados y asesinados a manos de las fuerzas del orden y del racismo sistemático en su país- son incapaces de votar y hacer el cambio allí donde creen que es necesario. Allí donde lo experimentan de forma tan dramática.
Por supuesto, se podría argumentar que se trata sólo de las consecuencias de sus propias acciones. Pero si se mira este asunto desde una perspectiva más amplia, Estados Unidos es el único país democrático que sigue privando del derecho al voto a los ex delincuentes. Aunque estas leyes pueden haber tenido un propósito en la época medieval, su único uso en los tiempos actuales es proteger un objetivo insostenible de la lucha contra el fraude electoral.
Sí, el fraude electoral es un problema real, pero mantener unas urnas completamente puras no es más que una excusa para alienar a los ex delincuentes y privarles de un derecho que se merecen por derecho. Este objetivo no es posible, especialmente en medio de los acontecimientos actuales, así que ¿por qué echar toda la culpa a los ex delincuentes y a los que tienen antecedentes penales de las discrepancias en un sistema en el que también se podrían encontrar errores en otros lugares?
La privación del derecho de voto de los ex delincuentes suele ser desproporcionada al grado del delito en sí. Cometer algo tan leve como una sola venta de drogas puede llevar a toda una vida sin derecho a voto, independientemente de lo que se cumpla o del castigo en sí.
Independientemente de las diversas opiniones sobre la gravedad de una sola venta de drogas, en una conversación madura y pragmática, está bastante claro que no es lo suficientemente grave como para privar a alguien del derecho de voto.
Históricamente, el derecho al voto ha sido un componente fundamental de la identidad estadounidense. Con el derecho al voto inicialmente sólo disponible para los hombres blancos, luego para los hombres de todas las razas después de tantos esfuerzos hacia la reforma social, y finalmente el movimiento por el sufragio femenino, el voto se ha determinado como una característica fundamental de lo que significa ser estadounidense.
Al privar a los ex delincuentes de este derecho, provocando así una mayor discriminación racial y violando la base misma de la democracia, Estados Unidos ha retrocedido miles de años. El movimiento sufragista no se detuvo con la 19ª Enmienda, y no se detendrá hasta que se haya abordado esta cuestión.
