Los multimillonarios son perjudiciales para el planeta.

Vivir como un multimillonario cuesta literalmente la Tierra. Jets privados, yates y esas misiones espaciales aparentemente obligatorias se suman a una huella de carbono insostenible que supera con creces la del ciudadano medio. Pero incluso si dejamos de lado los astronómicos proyectos de vanidad, la condición de los multimillonarios como beneficiarios de un sistema económico injusto los sitúa entre los principales contaminadores del planeta.

Según un informe de Oxfam de 2022, 125 de los multimillonarios más ricos del mundo emiten cada uno más de un millón de veces más carbono que una persona media del 90% más pobre, y se cree que entre el 50% y el 70% de las emisiones de los multimillonarios proceden de sus inversiones. Según el informe, las emisiones anuales de sus inversiones equivalen en conjunto a las emisiones de carbono de Francia, un país de 67 millones de habitantes.

Este marcado desequilibrio demuestra que, para ser eficaz, cualquier debate serio sobre la justicia climática debe centrarse en la enorme influencia de los superricos.

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Afortunadamente para la humanidad, no todos podemos permitirnos llevar el estilo de vida de un multimillonario. Un estudio citado por Oxfam se basó en registros públicos para estimar las emisiones de los aviones privados, yates, helicópteros y mansiones de 20 multimillonarios. Descubrió que, en 2018, cada uno de ellos generó una media de 8.914 toneladas de CO2, frente a las 1,4 toneladas de un individuo de los mil millones más pobres.

Esto ya es alarmante, pero la cifra media de los multimillonarios se dispara si tenemos en cuenta las emisiones de las inversiones de los ultrarricos. Oxfam calcula que las emisiones anuales de las inversiones de los individuos de su muestra ascienden a 3,1 millones de toneladas por multimillonario, más de un millón de veces más que la media de alguien del 90% más pobre.

El informe de Oxfam también constató que los multimillonarios "invierten una media del 14% de su patrimonio en industrias contaminantes, como los combustibles fósiles y materiales como el cemento", mientras que sólo uno de la muestra invertía en una empresa de energías renovables. La riqueza de los superricos no sólo está vinculada a actividades altamente extractivas, sino que muchos multimillonarios poseen importantes participaciones en las mayores empresas del mundo, lo que les otorga poder e influencia sobre su conducta.

Comprender el impacto de las inversiones es fundamental para hacer frente al colapso climático porque, nos guste o no, la riqueza de los multimillonarios tiene un profundo impacto en nuestra economía y, cada vez más, en la dirección de la política climática. Los grupos de interés poseen, pueden influir y se benefician económicamente de los procesos de producción que liberan gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sus decisiones determinan en gran medida nuestros avances en la reducción de las emisiones.

Existe una pegajosa superposición entre las concentraciones de riqueza y las concentraciones de poder. Según Darío Kenner, autor de Carbon Inequality: The Role of the Richest in Climate Change, esto constituye la base de una "alianza entre la élite contaminante y los responsables políticos". La política furtiva arraiga donde convergen estos intereses, permitiendo a unos pocos acaudalados impulsar programas sin mandato democrático, utilizando métodos fuera del alcance del ciudadano medio.

En un estudio separado, Kenner observó cómo las grandes compañías petroleras han adoptado una serie de tácticas indirectas para minimizar la perturbación de sus principales intereses en la extracción de petróleo y gas. Por ejemplo, ejerciendo presión, apoyando a organizaciones anticlimáticas, haciendo donaciones políticas a empresas y financiando campañas que niegan o ponen en duda la gravedad del cambio climático. Pero también podríamos considerar cómo la presencia de grandes contaminadores en conferencias mundiales, como la COP, limita las iniciativas internacionales sobre el clima.

Por supuesto, estas actividades son perfectamente legales y los grupos de presión no son intrínsecamente malos si se desvinculan de las grandes fortunas. Pero dado que la mayoría de los estadounidenses expresan su preocupación por el clima y apoyan importantes políticas de mitigación, deberíamos preguntarnos si es correcto que la riqueza ejerza tal poder sobre las instituciones democráticas.

¿Habla el dinero más alto que la voluntad popular? Según un estudio de la Universidad de Princeton, sí. En él se constata que "las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses empresariales" tienen un impacto significativo en las políticas que se convierten en leyes, mientras que los ciudadanos y los grupos de interés de masas tienen "poca o ninguna influencia independiente".

Financiar iniciativas climáticas de gran envergadura se ha convertido en un pasatiempo de moda entre los ultrarricos, pero el filantrocapitalismo nunca nos salvará. La desigualdad económica y la desigualdad climática se refuerzan mutuamente, y parece que la extrema concentración de riqueza podría estar socavando nuestra capacidad para abordar de forma significativa cada uno de estos problemas.

Junto con un sólido impuesto sobre el patrimonio para financiar infraestructuras renovables, un impuesto progresivo sobre el carbono que tenga en cuenta las emisiones de las inversiones incentivaría a las empresas con mayor huella a reducirlas. Probablemente obligaría a los accionistas a adoptar una postura más firme en materia de gobernanza medioambiental, y un motivo financiero para retirar sus inversiones si una empresa no consigue reducir las emisiones y es gravada.

Algunos economistas sugieren un impuesto sobre la contaminación que grave las actividades económicas más perjudiciales para el medio ambiente y que podría aplicarse al valor de las acciones de las empresas petroleras, gasísticas y carboneras. Calculan que "un tipo impositivo del 10% sobre el valor de los activos de carbono propiedad de multimillonarios mundiales generaría al menos 100.000 millones de dólares en un año". Esto evitaría también el tipo de impuesto regresivo que penaliza desproporcionadamente a los pobres.

Dado que los accionistas tienen tanta influencia sobre la conducta medioambiental de los gigantes corporativos, existe un argumento de peso para controlar las emisiones de las inversiones y gravarlas. De este modo, nos centraríamos en las verdaderas huellas de carbono per cápita de los propietarios de activos, en lugar de en las emisiones territoriales, que a menudo pueden ocultar la naturaleza del comercio mundial, las prácticas de deslocalización y la desigualdad rampante entre naciones.

Una regulación más estricta de los grupos de presión y las donaciones podría frenar parte de la enorme influencia de los grupos de interés. Imaginar cómo sería eso es otro tema de debate, pero hay un marco para todos los gustos políticos, ya sea el proyecto de ley anticorrupción original de los demócratas en la Cámara de Representantes, el proyecto de Bernie Sanders para acabar con el dinero de las empresas en la política o la legislación modelo de la Ley Estadounidense Anticorrupción, que ha logrado avances en ciudades y estados de todo el país.

Está claro que no podemos redistribuir la riqueza sin redistribuir también el poder. Los países de renta baja ya soportan la mayor carga de la crisis climática, a pesar de contribuir con una parte mucho menor de las emisiones mundiales. Los enfoques de arriba abajo sólo mantienen el statu quo. Más que nunca, tenemos que seguir luchando por una acción climática eficaz y equitativa a través de un activismo que entienda el cambio climático como una cuestión de clase que afecta de forma muy diferente a las comunidades de todo el mundo, y construir coaliciones mundiales desde la base.