Casos del Tribunal Supremo a los que prestar atención
El mandato del Tribunal Supremo comenzó el primer lunes de octubre y se extenderá hasta el domingo anterior al primer lunes de octubre de 2022. Si bien todos los casos que verán podrían cambiar la forma en que interpretamos la constitución, estos son algunos que podrían cambiar drásticamente el futuro de nuestro sistema legal. Algunos incluso afectan a nuestra vida cotidiana. Esté atento a sus decisiones finales sobre estos casos...
Dobbs v. Jackson Women's Health Organization
Los argumentos orales de Dobbs se escucharán el 1 de diciembre. Cuestiona la constitucionalidad del intento de Mississippi de prohibir todos los abortos después de las 15 semanas, sin excepciones para las víctimas de violación o incesto. En su informe sobre el fondo del asunto (se refiere a los informes sobre los derechos y perjuicios constitucionales de un caso), el Estado de Misisipi pide explícitamente al Tribunal Supremo que anule sus sentencias en los casos Roe y Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey de 1992, que establecieron que las leyes no pueden suponer una "carga indebida" para la capacidad de una persona de solicitar un aborto. Es extremadamente influyente porque determinará si el Tribunal Supremo irá en contra de décadas de precedentes y anulará el caso Roe vs. Wade de 1973, que estableció el derecho constitucional a interrumpir un embarazo antes de que un feto pueda sobrevivir fuera del útero.
Revisión de la reciente prohibición del aborto en Texas
El Tribunal Supremo revisará la prohibición del aborto en Texas el 1 de noviembre. La reciente ley de Texas prohíbe los abortos a las 6 semanas de la última menstruación de la paciente y fundamenta que cualquiera que realice o ayude a realizar el aborto (no la paciente) puede ser demandado por casi cualquier persona. La particularidad de esta ley de Texas es que impide que el Estado aplique o intente aplicar la ley, en cambio, sólo puede ser aplicada por particulares a través de demandas civiles. El Tribunal Supremo no cuestionará si la ley de Texas viola el derecho constitucional al aborto establecido en el caso Roe v. Wade, sino que cuestionará si Texas puede aislar la ley de la revisión en un tribunal federal a través de su estructura única que delega la aplicación de la prohibición del aborto al público en general en lugar de a los funcionarios estatales. La jueza del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor escribió en su disenso que la Legislatura de Texas evitó el precedente constitucional al tomar el "paso extraordinario de reclutar a ciudadanos privados para hacer lo que el Estado no podía".
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New York State Rifle & Pistol Association Inc. v. Bruen
Los argumentos se escucharán el 3 de noviembre para este caso. En el caso District of Columbia v. Heller de 2008, el Tribunal dictaminó que la Constitución concede a los ciudadanos privados el derecho a guardar un arma de fuego en su propia casa para "fines tradicionalmente lícitos", lo que incluye la defensa propia. En términos más sencillos, los ciudadanos privados tienen derecho a guardar un arma de fuego en su propia casa si tienen una buena razón para hacerlo. En la actualidad, Nueva York cuenta con una ley que exige a todo aquel que quiera obtener un permiso de portación oculta que demuestre primero a la autoridad encargada de conceder la licencia que tiene una buena razón para llevar el arma, que puede incluir la defensa propia; esta ley está siendo cuestionada en el caso New York State Rifle & Pistol Association Inc. contra Bruen.
Carson contra Makin
El caso Carson se verá el 8 de diciembre. Se trata de un programa de matrícula respaldado por el Estado en Maine que otorga asistencia para la matrícula a las familias en áreas sin escuelas públicas para que puedan, en cambio, enviar a sus hijos a escuelas privadas. Sin embargo, en 2018, dos familias demandaron al Estado después de que se les negara la ayuda para la matrícula porque pensaban utilizarla para pagar una escuela privada cristiana. La cuestión planteada al Tribunal es si las instituciones religiosas pueden beneficiarse de la financiación estatal como el programa de matrícula respaldado por el Estado en Maine.
Estados Unidos contra Zubaydah
Los argumentos se presentaron ante el Tribunal el 6 de octubre. Es importante estar atento a esta decisión final porque establece límites al gobierno federal. Abu Zubaydah lleva detenido en Guantánamo desde 2006 y se ha movilizado para citar a los contratistas de la CIA en una investigación penal. Fue torturado por la CIA (según los informes de la investigación del Senado) y desea citar a los contratistas de la CIA que pueden dar fe de su angustia por las torturas sufridas en una investigación penal. Sin embargo, el gobierno federal intervino y anuló las citaciones, alegando el privilegio de los "secretos de Estado", que permite al gobierno federal la facultad de retener información que pueda suponer un peligro para el Estado. Sin embargo, el Tribunal cuestiona que se puedan invocar los secretos de Estado en este caso. Esto sentaría un precedente para el futuro de los límites del gobierno federal.
Estados Unidos contra Tsarnaev
Los argumentos se presentaron el 13 de octubre. Dzhokhar Tsarnaev fue condenado a muerte en 2015 por su papel en el atentado del maratón de Boston de 2013. En 2020, el 1er Circuito (Tribunal Federal de Apelaciones con jurisdicción sobre los tribunales de distrito en el 1er circuito) convirtió su sentencia de muerte a cadena perpetua sin libertad condicional citando violaciones constitucionales durante su juicio. El 1er Circuito dictaminó que a los miembros del jurado de Tsarnaev se les debería haber hecho preguntas más extensas sobre su exposición a los medios de comunicación sobre el atentado. El Tribunal determinará si la sentencia de muerte debe ser reimpuesta y tendrá un impacto en cómo se manejan los juicios capitales de alto perfil en el futuro, particularmente en la selección del jurado.
Shinn contra Ramírez
El caso se presentará el 1 de noviembre. Dos presos condenados a muerte en Arizona, David Ramírez y Barry Jones, han presentado un recurso de hábeas corpus ante un tribunal federal. Un recurso de habeas corpus se utiliza para llevar a un preso o detenido ante el Tribunal para determinar si su detención es legal. Los presos argumentan que tuvieron un abogado ineficaz durante sus juicios originales y que no deberían ser ejecutados. En el caso Martínez contra Ryan, de 2012, el Tribunal dictaminó que los presos cuyos abogados se equivocaron y no plantearon reclamaciones por la falta de eficacia de su abogado en el juicio a nivel estatal después de la condena podían presentar esas reclamaciones en una revisión federal de hábeas. Sin embargo, la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva (AEDPA) de 1996 restringía a los presos la posibilidad de presentar nuevas pruebas en un tribunal federal si no se habían planteado ya en el tribunal estatal. Citando a Martínez, el 9º Circuito dictaminó en 2019 que Ramírez y Jones podían presentar pruebas en apoyo de sus reclamaciones de ineficacia de su abogado en el juicio porque sus abogados designados por el estado, posteriores a la condena, no lo habían hecho. El Tribunal determinará si el 9º Circuito estaba en lo cierto y si la AEDPA se aplica en los casos en que los abogados designados por el estado, posteriores a la condena, no presentaron pruebas en el momento dado.
