El creíble complot para prohibir el aborto en todo el país - Sin Congreso

Las elecciones presidenciales de 2024 están oficialmente en marcha, pero la cuestión más grave de la carrera ha recibido alarmantemente poca atención: Destacados conservadores tienen un plan para que el próximo presidente antiabortista prohíba el aborto en todo el país sin necesidad de una ley del Congreso, y puede que tenga éxito.

Su arma secreta es la largamente inactiva Ley Comstock, una ley del siglo XIX aún vigente, que establece que enviar, llevar o recibir "cualquier droga, medicina, artículo o cosa diseñada, adaptada o destinada a producir abortos" sería un delito federal. Si sus ojos están parpadeando de incredulidad, nosotros sentimos lo mismo cuando leímos por primera vez el estatuto - aunque los organizadores y escritores han estado tratando de llamar la atención sobre la amenaza durante los últimos meses. Dado el alborotado estado de la política abortista estadounidense, ¿cómo es posible que ya existan restricciones a escala nacional en la legislación federal y que, sin embargo, reciban tan poca atención?

En parte, como ha explicado un destacado abogado antiabortista, porque algunos miembros del movimiento mantuvieron deliberadamente en silencio su agenda Comstock hasta después de la caída de Roe contra Wade. Con la anulación de Roe, sin embargo, las organizaciones, incluida una dirigida por el ex asesor de Trump Stephen Miller, tienen la intención de aprovechar la ley para imponer una prohibición nacional del aborto con medicamentos -y tal vez ir más allá- si la Casa Blanca cambia en 2024.

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Por el momento, la Ley Comstock sigue estando en gran medida neutralizada. En 2022, el Departamento de Justicia indicó que, en su opinión, la ley era efectivamente inaplicable. El gobierno federal goza de una amplia discrecionalidad procesal -nadie más que el Departamento de Justicia puede decidir cuándo presentar cargos federales-, por lo que los activistas antiaborto no han podido hacer realidad sus ambiciones Comstock bajo esta administración. Pero las posturas de los fiscales pueden cambiar.

En un anteproyecto de 887 páginas para una posible administración republicana, el vicepresidente de America First Legal, la organización sin ánimo de lucro que dirige Miller, insta a una nueva administración a retirar la interpretación legal de Biden y, en su lugar, aplicar las "prohibiciones penales" de la Ley Comstock contra "proveedores y distribuidores de píldoras abortivas". La aplicación de esta política correspondería al fiscal general, un puesto para el que Miller está aparentemente en la lista de candidatos en caso de que el expresidente Donald Trump gane en noviembre de 2024.

De confirmarse en los tribunales, la estrategia de aplicación ilegalizaría de la noche a la mañana el aborto con medicamentos, la forma más común de aborto. Las condenas por el caso Comstock conllevan penas de prisión de hasta diez años. Incluso si los fabricantes de píldoras abortivas pudieran operar de alguna manera sin utilizar el servicio postal, las empresas de mensajería urgente o los transportistas comunes -cada uno expresamente proscrito por Comstock-, un juez federal nombrado por Trump sugirió recientemente que una enmienda de 1996 hace que sea "ilegal utilizar Internet para enviar o recibir abortivos." ¿Qué médico o farmacia podría seguir dispensando abortos farmacológicos incluso bajo la mera amenaza de tal peligro legal? La sombría respuesta es ninguno.

Y lo que es aún más grave, el aborto con medicamentos puede ser sólo la punta del iceberg de Comstock. Dado que la ley también abarca "cualquier... artículo o cosa diseñado, adaptado o destinado a producir un aborto", algunos esperan extender el argumento de Comstock al equipo médico utilizado en los abortos quirúrgicos, lo que supondría el cierre de todos los proveedores de abortos del país.

Hay que entender que no habría refugio contra el éxito de los procesos de Comstock en los estados azules. Como ley federal, sustituiría a todas las protecciones estatales. Y como la ley ya está en vigor, un gobierno podría actuar sin necesidad de involucrar al Congreso.

Esta escalofriante visión no es una mera fantasía marginal, sino más bien el objetivo calculado de una operación sofisticada y con pedigrí. La propuesta de Comstock aparece en un plan publicado por el "Proyecto 2025", la extensa iniciativa de planificación de la transición dirigida por la Heritage Foundation, el principal grupo de reflexión conservador del país. Más de 50 organizaciones de derechas se han adherido al proyecto, incluidos grupos descritos como una "máquina en espera" de un segundo mandato de Trump. Según el sitio web del Proyecto 2025, esfuerzos similares han demostrado ser influyentes: la primera administración Trump adoptó "casi dos tercios de las propuestas de Heritage" de una agenda de 2016 sólo en su primer año en el cargo.

Otros, incluidos funcionarios estatales y locales, también se muerden las uñas por Comstock. Durante años, Jonathan Mitchell, la mente legal detrás de la estrategia SB-8 de Texas, parecía estar orquestando discretamente el resurgimiento de la ley. Como Mitchell dijo a The Nation el año pasado, "realmente esperaba que nadie dijera nada sobre las leyes Comstock hasta que saliera Dobbs", para no perturbar la ficción predominante de que lo único que buscaba el Tribunal Supremo con la desaparición de Roe era devolver la cuestión del aborto a los estados.

Para ser claros, el gobierno de Biden y los defensores del acceso al aborto han desarrollado defensas legales convincentes para futuros procesamientos de Comstock. Pero los que creemos en la libertad reproductiva no debemos engañarnos: los méritos de esos argumentos son, en última instancia, mucho menos importantes que la composición del Tribunal Supremo, donde inevitablemente aterrizará cualquier litigio Comstock. ¿Podemos esperar que los mismos jueces responsables de Dobbs nos salven del asalto de Comstock? Las hojas de té sugieren que no. Ya hay dos jueces federales, Matthew Kacsmaryk y James Ho, cada uno nombrado por Trump y favorito de la ascendente Federalist Society, que han escrito aprobando las teorías antiabortistas de Comstock.

En lugar de reeditar debates familiares de las elecciones de 2020 para un electorado exhausto, los comentaristas políticos harían mejor en centrar su análisis en el potencial explosivo de la Ley Comstock en una América post-Roe.