El Tribunal Supremo acaba de facilitar la contaminación
El 27 de junio, un trabajador municipal de San Antonio oyó un grito de auxilio procedente de un tractor-remolque abandonado en una carretera desolada. Siguió el inquietante grito, que le condujo a una escena espantosa. Más de 50 inmigrantes yacían muertos o moribundos bajo un calor sofocante, al parecer cubiertos de condimento para carne en lo que, según las autoridades, podría haber sido un intento de ocultar el hedor. Cuarenta y ocho personas murieron en ese remolque, y otras cinco estaban en lento proceso de muerte. Tras conocer esta noticia, no pude dormir; no podía dejar de pensar en lo brutal que podría ser el futuro de mi pueblo en un planeta más caliente. El aumento de las temperaturas provocará más muertes, y la sequía y otras condiciones meteorológicas extremas crearán aún más refugiados, ya que la gente abandonará los hogares que ya no son habitables.
Como niño latino nacido y criado en Miami, conozco las amenazas de un mundo que se calienta desde que tengo uso de razón. Recuerdo el miedo que sentí de pequeño cuando los rugientes vientos del huracán Katrina hicieron tambalearse las estructuras de acero del edificio donde vivía con mi madre. En el instituto, el huracán Irma arrasó Miami, golpeando con más fuerza a las comunidades pobres, negras y marrones. Tras esa tormenta, los niños blancos y ricos recuperaron la electricidad en sus casas mucho antes que yo. Me sentí inútil a los ojos de un gobierno que decía representarme. El jueves, me desperté con un titular que evocaba este sentimiento familiar.
En el caso de Virginia Occidental contra la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Tribunal Supremo se puso del lado de los ejecutivos de los combustibles fósiles en detrimento de nuestras comunidades y emitió una sentencia de 6-3 que limita gravemente el poder de la agencia para luchar contra la crisis climática. La sentencia sostiene que una sección de la Ley de Aire Limpio ya no puede utilizarse para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas de carbón y gas existentes. La EPA no puede, sin la aprobación explícita del Congreso, establecer normas a escala nacional para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, obligando a las empresas de servicios públicos a cambiar a fuentes de energía renovables.
El Tribunal Supremo estudiará un caso sobre la píldora abortiva
Necesitamos ampliar el Tribunal Supremo para restaurar la libertad reproductiva
La historia de cómo hemos llegado hasta aquí comienza hace décadas. En el siglo XX, como respuesta a las victorias masivas de movimientos sociales como el de los derechos civiles, el medioambiental, el laboral y el feminista, una peligrosa alianza de derechas formada por ejecutivos de empresas y supremacistas blancos inició un proyecto de décadas para revertir el progreso conseguido. Formaron una coalición para desmantelar su enemigo común: la democracia. Su objetivo era apoderarse del Partido Republicano, explotar las lagunas de la Constitución y utilizar el poder robado para obligar a todos a volver a su mundo de pesadilla. Después de décadas de seguir este libro de jugadas, este movimiento ha secuestrado el Tribunal Supremo y lo ha convertido en un culto a la muerte antidemocrático y favorable a las empresas. En muchos sentidos, el éxito de este movimiento nos hace retroceder; retroceder a una época en la que las mujeres y los partos no tienen derechos sobre sus cuerpos, retroceder a una época en la que el poder político de los negros se diluye, retroceder a una época en la que los fundamentalistas cristianos pueden perseguir a los que no creen en lo que ellos creen. Pero la extrema derecha no sólo nos está llevando de vuelta a los años 50, sino que nos está llevando a un lugar en el que nunca hemos estado.
Tenemos muy pocos años para enfrentarnos a la crisis climática, y los extremistas no elegidos del Tribunal Supremo están intentando obstruir algunas de las únicas vías que tenemos para progresar. Lo peor es que los líderes del Partido Demócrata -que controlan la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes- no parecen tener otro plan que escribir algunos tweets vagos y rendirse.
Hace una semana, fui a ver a la legendaria organizadora laboral Dolores Huerta hablar en un evento de prensa organizado por el Caucus Hispano del Congreso fuera del Capitolio. Inesperadamente, apareció la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Me acerqué a ella y le pregunté cómo podían los jóvenes votantes confiar en ella después de que apoyara a Henry Cuellar (un político amigo de los combustibles fósiles que resulta ser el último demócrata antiabortista de la Cámara) frente a su contrincante en las primarias, Jessica Cisneros (una joven latina que es defensora del clima). No obtuve respuesta, pero sí un cortés "que tenga un buen día" del guardaespaldas que me apartó de ella. Los políticos de la época de Pelosi, al igual que el presidente Biden, siguen empeñados en la fantasía de que pueden negociar con los republicanos, y que las arcanas tradiciones del Senado son más importantes que tomar las medidas necesarias que mantendrán a la gente segura y mejorarán sus vidas. Está claro que se equivocan.
En respuesta a las sentencias draconianas de un Tribunal Supremo robado, los demócratas deben despertar y responder a la escala que exigen las crisis que se están produciendo con nuestro clima y nuestra democracia.
En primer lugar, los demócratas deberían desafiar y sortear a un Tribunal cuya legitimidad está muerta. Para defender la democracia y nuestro planeta, el gobierno de Biden y los demócratas del Congreso deben redoblar sus compromisos con la acción climática. Eso significa que el Congreso debe abolir el filibusterismo y promulgar una legislación climática de gran alcance, y Biden debe utilizar todo el alcance de sus poderes ejecutivos para la transición justa de nuestro país a la energía 100% renovable. Hay cosas que puede hacer ahora mismo, desde seguir invocando la Ley de Producción de Defensa para acelerar la transición a las energías renovables, declarando una emergencia climática y poniendo fin a la práctica de vender arrendamientos de tierras y aguas públicas para la producción de combustibles fósiles, que empezarían a abordar esta crisis.
En segundo lugar, los demócratas deben limpiar el Tribunal. La mitad de los jueces conservadores fueron nombrados por un presidente que perdió el voto popular, muchos de estos jueces fueron respaldados por nefastos grupos de dinero oscuro, y el cónyuge de uno de ellos, Clarence Thomas, estuvo afiliado a la insurrección del 6 de enero. Los demócratas deben ampliar el Tribunal y nombrar a jueces con un historial probado de defensa de los derechos civiles y constitucionales. Todos los jueces, antiguos y nuevos, deben rendir cuentas a un código ético vinculante.
Los demócratas tienen una misión por delante, y nosotros también. La única manera de construir una verdadera democracia que pueda mantener a salvo a las personas y los lugares que amamos es construyendo un movimiento lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a la extrema, violenta y ascendente derecha. Quieren que nos sintamos inútiles y que nada cambie. No podemos permitírselo. Nuestra generación debe estar a la altura de este momento de la historia y luchar: nuestras vidas dependen de ello.
