No podemos permitir que los maltratadores domésticos tengan acceso a las armas

Hasta 1871, en todos los estados del país era un derecho legal del hombre pegar a su mujer.

Alabama y Massachusetts declararon ilegal el "maltrato a la esposa" en 1871, pero tuvo que pasar otro medio siglo para que esta violencia fuera declarada ilegal en todos los estados.

Ahora, en 2023, la seguridad de las mujeres está en manos de nuestro sistema judicial. El martes 7 de noviembre, el Tribunal Supremo escuchará los alegatos orales en el caso Estados Unidos contra Rahimi, una impugnación de una decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. En febrero, el Quinto Circuito anuló una ley federal que prohibía poseer armas a las personas sujetas a órdenes de alejamiento por violencia doméstica, interpretando una sentencia del Tribunal Supremo dictada el año pasado en el caso New York State Rifle and Pistol Association contra Bruen.

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El lobby de las armas y otros extremistas esperan que una sentencia del Tribunal Supremo en el caso Rahimi, amparándose en la decisión Bruen de 2022 -que obliga a los tribunales a centrarse en la interpretación histórica de la Segunda Enmienda- restablezca los derechos de armas de los maltratadores domésticos.

No podemos permitir que esto ocurra. Soy una mujer a la que disparó un hombre furioso. Aunque el mío no fue un caso de violencia doméstica, tengo experiencia de primera mano, como demasiadas mujeres en este país, con la devastación y el trauma que puede causar un hombre odioso y furioso que tiene acceso a un arma.

En los datos recopilados por nuestra organización, se descubrió que casi un millón de mujeres vivas hoy en día declaran haber sido tiroteadas o atacadas a tiros por una pareja íntima, mientras que 4,5 millones de mujeres declaran que una pareja íntima las amenazó utilizando un arma de fuego. Los hombres utilizan el maltrato doméstico para controlar a las mujeres. Las armas de fuego hacen que este control sea mucho más fácil para los hombres y mucho más mortífero para las mujeres.

En 1996, el senador Paul Wellstone dijo: "Con demasiada frecuencia, la única diferencia entre una mujer maltratada y una mujer muerta es la presencia de un arma". Trágicamente, así lo confirman los datos que hemos recopilado. Una mujer muere tiroteada por un compañero maltratador cada 14 horas. La presencia de un arma aumenta cinco veces la probabilidad de que muera una víctima de maltrato doméstico.

Mientras el Tribunal Supremo examina el caso Rahimi, los jueces tendrán la oportunidad de aclarar la postura del tribunal sobre la Segunda Enmienda por primera vez desde la peligrosa decisión Bruen. También tendrán la oportunidad de demostrar qué derechos valoramos más como sociedad: el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia armada o el derecho a las armas de los maltratadores domésticos.

Todo el mundo merece el derecho a vivir su vida sin miedo a la violencia. Los supervivientes de la violencia de pareja suelen estar aislados y no pueden participar en aspectos de la vida cívica como votar, porque información como su dirección puede llegar a sus agresores. Permitir el acceso a las armas a las personas que tienen órdenes de alejamiento por violencia doméstica sólo servirá para aislar y disuadir aún más a las supervivientes de participar en la vida cívica.

Cuando se firmó la Constitución, la violencia doméstica se consideraba un asunto privado. Hoy en día, entendemos que la violencia doméstica no sólo es moral y legalmente indefendible, sino también un asunto público que afecta a la seguridad y el bienestar de toda nuestra sociedad. Además, la violencia doméstica y los tiroteos masivos están inextricablemente unidos: Según un estudio, entre 2014 y 2019, casi el 70% de los tiroteos masivos estaban relacionados con la violencia doméstica.

Creo en la Segunda Enmienda. Pero como escribió el juez Antonin Scalia en la decisión Heller de 2008, el derecho de la Segunda Enmienda "no era ilimitado". Esto no cambió con la decisión Bruen en 2022, que mantuvo como constitucionales las restricciones a la posesión de armas.

En GIFFORDS, organizamos a propietarios de armas responsables que comprenden y están de acuerdo en que los derechos conllevan responsabilidades. Pero el hecho es que el caso Estados Unidos contra Rahimi no afecta a propietarios de armas responsables y respetuosos con la ley. Se trata de individuos que un tribunal ha considerado que suponen un grave riesgo para alguien en su vida. Si el Tribunal Supremo se pone del lado del Quinto Circuito, estará enviando el mensaje a todas las mujeres que han sobrevivido a abusos domésticos de que no merece la pena proteger su vida.

Los extremistas a menudo tratan de presentar las leyes de prevención de la violencia armada como una quita de derechos y libertades. Pero las leyes de prevención de la violencia armada también protegen derechos y libertades de importancia crítica. Espero que los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos hagan lo correcto y se pongan del lado de los millones de mujeres de todo el país que han sido tiroteadas, acosadas e intimidadas, y no de los hombres furiosos que pretenden dañarlas y controlarlas.